Entrevista “La lucha contra la trata es una de las formas de ubicarnos en las periferias existenciales donde nos quiere el Papa”

Fray Vicente Imhof, orden franciscana conventual y miembro de Red Kawsay Perú.
El Perú está próximo a ser país anfitrión del Papa Francisco, quien en la Carta Encíclica Laudato expresó su preocupación por las diversas formas de explotación de seres humanos en la actualidad. ¿Qué expectativas se tienen ante la presencia del mismo en nuestro país con respecto a este tema (trata de personas, explotación sexual y laboral, trabajo forzoso, etc.)?
La encíclica Laudato  afirma que el grito de la tierra y el grito de los pobres (excluidos, explotados etc.) es en realidad un solo grito. Por esto no dudo que la vista a Madre de Dios y el llamado de atención sobre la vulnerabilidad de la Amazonía y su población originaria, también tematizará la trata de personas en todas sus formas de explotación. El Papa sabe que en nuestro Perú la práctica de fe está asociada en gran medida a los ritos religiosos, lamentablemente dejando de lado el mensaje social de la Iglesia. Espero que el magisterio de Francisco nos recuerde que la verdadera sacramentalidad característica de lo católico inevitablemente nos remite al cuerpo, a su dignidad, belleza y fragilidad.  Así me gustaría que durante la concentración de imágenes de devociones católicas en la ciudad de Trujillo, el Papa nos haga ver que la imagen más sagrada de Dios es el ser humano, precisamente en su vulnerabilidad: el Dios cristiano se deja tocar y hasta herir, así que los y las heridas por ejemplo las víctimas de trata son su sacramento.
Ante la debilidad del Estado frente a la atención de las víctimas, ¿qué rol cumple la Iglesia Católica? ¿Por qué ha decidido involucrarse?
Basta con leer los informes alternativos de CHS para saber que la atención a las víctimas es la parte menos trabajada en la política nacional contra la Trata de Personas. Ahora, honestamente, como actores de Iglesia, también estamos más involucrados en actividades de prevención e incidencia que en la protección y la reintegración de personas afectadas. Veo el desafío de movernos entre dos criterios: por un lado la antigua exigencia patrística frecuentemente retomada por el Papa Francisco de ser los/as primeros/as en no tener miedo de tocar la carne de Cristo, efectivamente tangible, desde una lectura de fe, en las biografías dolorosas de personas heridas… y, por otro lado, tener cuidado de no caer en la trampa de algunos funcionarios del Estado quienes, para justificar la propia incapacidad o falta de interés, delegan el acompañamiento de víctimas a la Iglesia.
¿Existe una relación entre la Iglesia Católica y la sociedad civil en el trabajo en la lucha contra la explotación de seres humanos? ¿Por qué es importante?
En primer lugar: como Iglesia Católica nos sentimos parte de la sociedad civil y no una entidad aparte que flota en el espacio metafísico. La principal fortaleza que compartimos es nuestra internacionalidad o la articulación con pares en otros países, respectivamente. La Iglesia, igual  que las organizaciones como CHS, ejerce la doble función de vigilancia y ensayos de acciones alternativas de cara al Estado. Nuestra experiencia de trabajo en red dentro y fuera del país nos constituye en aliados naturales a la hora de juntar nuestros escasos recursos y orientarlos hacia objetivos comunes. Finalmente considero que, a pesar de todos los escándalos de los últimos años, tanto ustedes como nosotros contamos todavía con cierto capital social alternativo que se llama credibilidad de cara al Estado.

Nos encontramos en una coyuntura política complicada, donde la palabra “reconciliación” suena en todos los espacios del Poder Ejecutivo y medios de comunicación. Pero ¿hablamos de una reconciliación real? De no ser así, ¿qué se necesita para alcanzarla? ¿Cómo reconciliarse con las víctimas y potenciales víctimas de explotación?
En la teología pastoral  la “reconciliación” es un proceso de varios pasos: el reconocimiento y el sincero dolor por el daño causado (pecado) va junto con la “confesión completa” del mal cometido y, en lo posible, la restitución de los bienes afectados. El crimen de la trata de personas es un fenómeno criminal con profundas raíces estructurales en nuestro país, y no se deja reducir a la “acción perversa” de unos cuantos depravados. Por eso, sin dejar de reconocer la necesidad de la persecución de actores identificables a lo largo de la ruta del crimen, la tarea de la reconciliación debe comprometer el conjunto del tejido social de nuestra sociedad. Por eso diría que una reconciliación que merece este nombre no se gestiona primeramente entre la víctima y sus tratantes, sino con la sociedad en grande que produce y reproduce víctimas y victimarios. Sin entrar en detalles, considero que las expresiones restitución de derechos y viabilización de proyectos alternativos de vida se acercan más a lo que me imagino como reconciliación.
Siendo el Perú un Estado laico, la visita del Sumo Pontífice está generando bastante expectativa a nivel nacional. ¿Cómo hacer para que el mensaje del Papa trascienda del ámbito religioso?
El Papa y la Iglesia innegablemente son también actores políticos, ya que el Evangelio y una teología seria necesariamente tienen relevancia política. Así, en julio de 2016, el Sumo Pontífice invitó a jueces y magistrados de todo el mundo a participar en la Cumbre contra la Trata y todas las nuevas formas de Esclavitud, organizada por la Pontificia Academia de las Ciencias Sociales en Roma: de parte del Perú participó la Dra. Rosario López Wong de la UCAVIT. En esta ocasión Francisco afirmó que no cabe el adagio de la Ilustración, según el cual la Iglesia no debe meterse en política, la Iglesia debe meterse en la gran política porque cito a Pablo VI “la política es una de las formas más altas del amor, de la caridad. Y la Iglesia también está llamada a ser fiel con las personas, aún más cuando se consideran las situaciones donde se tocan las llagas y el sufrimiento dramático, y en las cuales están implicados los valores, la ética, las ciencias sociales y la fe. Más claro que esto, ¡solo el agua”.!
Además de pertenecer a la Orden Franciscana del Perú, es miembro de la Red Kawsay. ¿Cuál es el compromiso que asume la Red en la lucha contra la trata de personas y la explotación?
La “Red Kawsay” Vida Consagrada por una Sociedad sin Trata de Personas es una red internacional que pertenece a la Conferencia de Superioras y Superiores Mayores de Vida Religiosa del Perú. Desde América Latina forma parte de la “Red Thalita Kum” que, con sede central en Roma, coordina acciones a nivel mundial. Igual que en todo el mundo, nos comprometemos con acciones de prevención, incidencia política a través de la participación en la mayoría de las Redes Regionales contra Trata de Personas y Tráfico ilícito de Migrantes, y la asistencia de personas afectadas desde las diferentes espiritualidades de las congregaciones integrantes. Por ejemplo, en Madre de Dios una religiosa dominica preside la Veeduría Regional contra Trata de Personas.
Ahora, considero que en el contexto peruano nos tocan dos tareas principales. Por un lado la sensibilización ad intra de la Iglesia, es decir en la movilización de obispos, clero y vida religiosa: la lucha contra la trata es una de las formas de ubicarnos en las periferias existenciales (¡y hasta geográficas!) donde nos quiere el Papa. Y luego de cara al Estado: considero que la misión profética de la vida religiosa hoy consiste en proporcionar unos pocos espacios paradigmáticos para procesos de sanación, empoderamiento y ensayos de nuevos proyectos de vida para las personas afectadas. Claro, lo haremos en beneficio de las personas.¡y para poder seguir fastidiando con más credibilidad y conocimiento de causa!
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Editorial N° 225: EL AÑO DE LA RECONCILIACIÓN… ¿CON QUIÉN?

Desde hace meses, las calles del Perú se ven inundadas con paneles publicitarios sobre la llegada del Papa Francisco I, los canales de televisión nacional le dedican cánticos y homenajes y los supermercados ofrecen el merchandising suficiente para estar uniformados y preparados para recibir al Sumo Pontífice.
La expectativa es grande, las entradas para sus misas se agotan y la fe católica se respira en todos los rincones del Perú, con más ganas que antes.
Sin embargo, la llegada del Papa implica muchísimo más que una simple visita.
En el párrafo 197 de la Carta Encíclica “Laudato Si´”, el Pastor Universal señala que “Si el Estado no cumple su rol en una región, algunos grupos económicos pueden aparecer como benefactores y detentar el poder real, sintiéndose autorizados a no cumplir ciertas normas, hasta dar lugar a diversas formas de criminalidad organizada, trata de personas, narcotráfico y violencia muy difíciles de erradicar.” Y en nuestro país, la explotación de seres humanos suele estar asociada a actividades ilícitas o a la informalidad que tanto nos caracteriza. A esto se le suma un Estado que voltea la mirada cada vez que le es posible.
Sin embargo, no es únicamente el Estado quien voltea la mirada ante un fenómeno tan deplorable como la trata de personas y las diversas formas de explotación de seres humanos, sino que también hemos sido invadidos por conductas que de ninguna manera deberían ser inherentes a nosotros como sociedad: la tolerancia social, que nos permite normalizar el abuso al punto en el que, muchas veces, somos nosotros mismos quienes consumimos de esta producción; y, por otro lado, la indiferencia frente al impacto que significan para el ámbito socioeconómico las diversas actividades de explotación y los beneficios a los que nos llevan. Por ejemplo, los productos baratos que provienen de mano de obra que es forzada a trabajar o el apoyo doméstico de menores de edad que dejan de trabajar y recibir dinero para ser laboralmente explotadas en un hogar.
Desde finales del año pasado, en el Perú, la coyuntura política nos lleva a repetir constantemente la palabra “reconciliación”; sin embargo, quienes repiten esta palabra con tanto ahínco son quienes le dan la espalda a víctimas de este flagelo y que no encuentran las condiciones suficientes para superar esta situación tan traumática y reintegrarse plenamente a la sociedad. ¿Qué implicará, entonces, esta reconciliación? ¿Con quienes se va a reconciliar el Estado? Porque las víctimas de trata de personas siguen esperando en los únicos dos albergues especializados con los que cuenta el Perú.
La trata de personas está en esa joven, adolescente, mujer indígena. La trata de personas está en la vulnerabilidad a la que lleva la pobreza, una de las peores formas de violencia y violación de los derechos humanos. La trata de personas diariamente nos golpea y el Estado y nosotros seguimos mirando al cartel donde se anuncia la venida del Papa.
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Entrevista “La lucha del Estado contra la trata de personas durante el año 2017”

En balance, ¿cómo calificaría la lucha del Estado contra la trata de personas durante el año 2017?
Un año óptimo, pues desde el Estado se ejecutaron diversas acciones preventivas contra la trata de personas, se emitieron sentencias ejemplares, se descentralizó la política pública a través del fortalecimiento de mesas redes y comisiones regionales y la formulación de planes regionales, se aprobó el Plan Nacional Contra la Trata de Personas 2017-2021 y, sobre todo, se destinó S/7.5 millones en el Sector Interior, lo que ha permitido fortalecer el actuar policial a nivel nacional.
Asimismo, se crearon instancias especializadas (Grupo Sectorial contra la Trata de Personas y Grupo de Atención y Reintegración) para un trabajo coordinado y basado en las etapas que se presentan en un caso de trata de personas. Y se firmaron nuevos acuerdos específicos en trata de personas con Estados Unidos, Chile y Argentina, los cuales se suman a los acuerdos existentes con Ecuador, Colombia y Bolivia.
Finalmente, es importante destacar la labor de prevención intercultural a través de los programas radiales en lenguas nativas y en español en Cusco, Puno y en Lima (Lima Este y Lima Sur).  Así como nuevas estrategias preventivas como la campaña “Cuidado, ellos te están buscando”, que se realizó en Lima, Trujillo, Iquitos y Cusco.
 ¿Qué retos se han presentado este año en la lucha contra la trata de personas?
En primer lugar, la construcción del nuevo Plan Nacional nos permitió rediseñar la lucha contra la trata de personas desde un enfoque victimológico, poniendo a la víctima como centro de la labor estatal. Asimismo, se logró incorporar nuevos ejes de trabajo, como el de Gobernanza Institucional que permite fortalecer el trabajo de articulación y gestión de la lucha contra la trata; el de Prevención, entendido como la eliminación de los factores de riesgo ante la trata de personas; la fiscalización administrativa como parte de la persecución del delito; y la necesidad de una reintegración a largo plazo para la víctima de trata de personas y sus formas de explotación.
Otra apuesta-reto del Ministerio del Interior, como Secretaría Técnica de la Comisión Multisectorial de naturaleza permanente contra la Trata de Personas y el Tráfico Ilícito de Migrantes, fue la descentralización de la política pública de lucha contra la trata de personas. Se fortaleció el equipo de la Dirección General de Seguridad Democrática que brinda asistencia técnica a regiones; se creó la primera oficina descentralizada de lucha contra la trata de personas que se ubica en Ayacucho; se apostó por la elaboración de 14 planes regionales, en algunos de los cuales se trabajó con el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos; y se inició la instalación de las primeras mesas, redes o comisiones provinciales, contando actualmente con 18 espacios de esta naturaleza.
 ¿Cuál ha sido el rol de la Comisión Multisectorial en esta lucha? ¿Y el de la sociedad civil? ¿Cómo puede mejorarse la relación entre el Estado y la Sociedad Civil para hacer efectiva esta lucha?
La Comisión Multisectorial de naturaleza permanente contra la Trata de Personas y el Tráfico Ilícito de Migrantes es el espacio de elaboración, gestión, monitoreo y evaluación de la lucha contra estos delitos. Este espacio resulta fundamental porque reúne a las diversas instituciones del Estado, la sociedad civil, las organizaciones internacionales y la academia, permitiendo el intercambio de ideas y la toma de decisiones en temas de presupuesto, planes de trabajo, líneas de acción, entre otras.
En ese sentido, el rol de la sociedad civil es un rol doble. Primero, el rol fiscalizador, que permite dar cuenta a la ciudadanía de lo que se viene avanzando en la lucha contra la trata de personas y los obstáculos con los que nos encontramos. Por ejemplo, el Informe Alternativo presentado en diciembre de este año, permite a la Comisión Multisectorial tomar una serie de decisiones para revertir las problemáticas identificadas por la sociedad civil. El segundo rol es uno propositivo. La sociedad civil, como parte de la Comisión Multisectorial y a partir de la amplia experiencia que posee en la lucha contra este delito, presenta propuestas y proyectos que pueden ser implementados de manera conjunta entre la propia sociedad civil y el Estado peruano. Creo que este segundo rol es de suma importancia para poder seguir avanzando como Estado y creo que ello marca una relación de profundo dialogo entre ambos actores.
 ¿Qué factores favorecerían una implementación efectiva del PNAT 2017-2021?
La asignación de presupuesto es un factor clave para la implementación efectiva del Plan Nacional 2017-2021. Si cada institución del Estado no asigna un presupuesto específico para el cumplimiento de este Plan Nacional, difícilmente se podrán alcanzar los grandes retos que allí nos hemos propuesto. Esto no solo debe ocurrir a nivel de Ministerios o Poderes del Estado a nivel central, sino en cada una de las regiones y provincias del país.
Otro factor especialmente relevante es la asunción de responsabilidades por parte del proprio Estado y los diversos Ministerios, y la articulación a nivel intrasectorial, es decir dentro del propio sector; intersectorial, es decir entre Sectores; y entre los tres niveles de Gobiernos. La lucha contra la trata de personas requiere, primero, que cada uno cumpla cabalmente con el rol asignado y que nace de sus propias funciones sectoriales. Y, en segundo lugar, que las acciones que naces de estas funciones puedan darse de manera coordinada y articulada. De forma tal que tengamos un uso eficiente de los recursos humanos y logísticos con los que contamos, así como un trabajo integral entre todos los involucrados.
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Editorial N° 224: LA DEUDA PENDIENTE

El Estado, como garante de la vigencia y protección de derechos, más aún en los casos que devienen del delito de trata de personas, debe hacer primar el interés superior de la víctima. Para ello debe  contar con una visión interdisciplinaria y un enfoque multisectorial que permitan promover entornos seguros de protección y libres de violencia en sus distintos niveles.  Sin embargo, la realidad nos muestra que aún se carece de estrategias integrales y de servicios adecuados, siendo indispensable reflexionar y generar cambios responsables  para lograr los objetivos propuestos. La trata de personas debe mirarse desde una perspectiva integral con acceso a la  justicia que incluye, entre otros elementos, legislación y sanción efectiva a los tratantes.
El aumento en el número de casos y  la expansión del delito a áreas que hasta hace poco  no parecían verse afectadas, responde por un lado a la globalización que  ha facilitado el acceso a la información y las comunicaciones, pero también a las dificultades económicas y subsecuente inestabilidad socioeconómica en parte de la población:  el desempleo y/o empleos mal remunerados, la falta de oportunidades educativas y desarrollo social, así como las limitadas posibilidades de acceso a los servicios básicos,  generan en los afectados circunstancias de “expulsión” de los entornos seguros .
Durante el 2017, CHS Alternativo ha promovido varios eventos en los que confluyeron especialistas y delegaciones internacionales, regionales y sectoriales, cuyas demandas al Estado y al Sistema se resumen del siguiente modo:
En la declaración del OBSERVATORIO LATINOAMERICANO SOBRE TRATA Y TRÁFICO DE PERSONAS en el marco del V CONGRESO LATINOAMERICANO se concluyó: “Consideramos indispensable que las legislaciones de nuestros países adecuen la Convención contra la Corrupción, ya que este es uno de los factores determinantes para la ausencia de sanción. Debemos comprometer a los Estados a rendir cuentas a la ciudadanía en cuanto al avance y cumplimiento de las políticas públicas relacionadas contra la trata y tráfico de personas, al ser problemáticas que atraviesan la realidad de nuestros países latinoamericanos y del Caribe, nos debe interpelar a todos/as como seres sentipensantes, permitiéndonos un abordaje crítico para observar, actuar y transformar nuestros contextos latinoamericanos.”
El III ENCUENTRO NACIONAL SOBRE TRATA Y TRÁFICO DE PERSONAS fue la oportunidad para congregar a participantes y aliados de la Veeduría Mirada Ciudadana, el Movimiento Vuela Libre y la Red de Operadores – más de 120 miembros de 14 regiones-  donde la exministra, Marisol Pérez Tello, recalcó la “necesidad de trabajar en base a datos empíricos que nos permitan diseñar una gestión pública basada en datos. Es necesario una guía de reintegración con cambio de paradigma en la atención de las víctimas NNA, dejando como última medida la institucionalización”.  Por otro lado, la fiscal superior Rosario López Wong remarcó lo importante que es  contar  “con una reparación que permita el costo de manutención mensual, que puede significar recuperación y asistencia a la víctima”.
En el IV ENCUENTRO MACRO REGIONAL CUSCO se reconoce que es urgente la cooperación y articulación entre las redes regionales de lucha contra la Trata de personas que puedan manejar diagnósticos actualizados con información desde lo local, para implementar las políticas públicas y determinar las prioridades, principalmente porque falta mucho de operatividad y claridad a nivel de las funciones y competencias en la implementación de la normativa y el protocolo intersectorial a la hora de definir los procesos de acceso a la justicia, atención, protección, rehabilitación y reintegración del niño y de la niña.
En el I ENCUENTRO REGIONAL IQUITOS se determina que los funcionarios públicos de los gobiernos locales cuentan con escasa información sobre trata de personas, y que hace falta que las autoridades asuman la responsabilidad y pongan más interés en el aspecto social y económico – comenzando por la educación – controle y supervise, y así, se pueda ir reduciendo la tolerancia social e institucional ante el delito de trata de personas. Es necesario que los gobiernos locales designen presupuesto para actividades de prevención y creación de programas sociales (no asistenciales) del Estado y particulares en las comunidades más aisladas, enfocados en bienestar comunitario.
En el  ENCUENTRO DE OPERADORES DE JUSTICIA,  se plantean como retos para la persecución del delito, que el trabajo de las fiscalías especializadas en trata de personas empiece a generar estándares de actuación tras los más de tres años de trabajo; para los cerca de 36 fiscales  que hay  a nivel nacional, es necesario el manejo de técnicas de investigación con nuevas  metodologías, como el uso de simulación de juicios, interrogatorios, o recojo de evidencias, entre otros actos procesales, para que la persecución del delito resulte más eficaz. Se plantea también la necesidad de ser capacitados en el uso y comprensión de las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) para derivar casos detectados, enviar alertas, generar procedimientos especiales y rápidos para las solicitudes de bloqueo o acceso a los servicios que brindan, o inclusive poder adaptar sus servicios desde una cooperación judicial, policial y fiscal para casos de trata de personas. Porque aún se convive con las dificultades que el sistema tiene para brindar medidas de protección efectivas en favor de las víctimas, entre otros, por las barreras burocráticas y administrativas que limitan la actuación de los operadores.   Finalmente, se insiste en la importancia de que los operadores deben estar sensibilizados y contar con competencias blandas desarrolladas (empatía, escucha activa, tolerancia, entre otros) para enfrentar el reto de abordar a una víctima de trata de personas, pero también el desgaste profesional.
El V INFORME ALTERNATIVO  nos trae estimaciones como que en el 2016 se reportaron 507 denuncias, se tuvo 546 detenidos de los cuales sólo 6 de cada 100 imputados por delito de trata de personas son sentenciados y que para todo éste despliegue, 969 policías fueron capacitados en diversas regiones para prevenir, identificar y atender los delitos de trata de personas. Esto muestra una realidad ineludible: la trata de personas es un crimen que en los estamentos judiciales es impune y que somos un país que padece de ausencia de estrategias de prevención, protección, y procuración de justicia hacia los tratantes. Las niñas, niños y adolescentes se encuentran desprotegidos frente a redes de explotación tanto domésticas como internacionales, alentadas por un mercado creciente de explotación sexual comercial infantil.
Se celebra la aprobación del Nuevo Plan Nacional de Acción contra la Trata de Personas, del Decreto Legislativo 1297, entre otros, pero ahora es importante instaurar un sistema de rendición de cuentas, ya que no podemos depender de la buena voluntad o la calidad moral de ciertos funcionarios, es necesario un sistema claro determinado y sancionable ante su incumplimiento.
Toda esta demanda recogida de los mismos actores que tienen bajo su responsabilidad el abordaje de la trata de personas, deja claro que existe una deuda pendiente de parte del Estado, que es necesario repensar y reformular estrategias de política pública que permitan amortiguar factores como la pobreza, el subdesarrollo y la falta de oportunidades equitativas que generan la vulnerabilidad ante este delito. El Estado tiene que abordar el problema de una manera amplia y articulada, en el que se entretejan sinergias desde una acción multilateral, intersectorial y con participación de todos los actores en los espacios local, nacional y regional.  Solo así se lograrán resultados sostenibles.  Esperamos que en el 2018 se pueda saldar esa deuda pendiente.

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Entrevista a Elizabeth Salazar, periodista de Ojo Público

¿Has encontrado prácticas inadecuadas relacionadas a víctimas de trata de personas en medios de comunicación nacionales?
Sí, hay muy poco cuidado la difusión de fotografías, imágenes o términos con los que se estereotipa a las víctimas.
Asimismo, se suele describir en exceso dónde estuvo la víctima, qué hizo antes, u otros detalles que llevan al morbo o a imaginar la escena de explotación en sí. Lo más peligroso es que mucha de esta información podría identificar a la víctima y/o su ubicación.
En el caso de menores de suele ser más evidente que debe protegerse su imagen, aunque no se realice en todos los casos. Pero en los casos de víctimas mujeres mayores de edad, además se les suele mostrar con los shorts pequeños o con la ropa apretada, y esto las estigmatiza.
 ¿Y cuál podría ser una buena imagen para mostrar?
El reto para los periodistas que quiera respetar a las víctimas, está en encontrar imágenes que no las estigmatice, pues lo más común es encontrar imágenes de ellas con la ropa apretada, en fila, subiéndose a la camioneta de la Policía.
Otra forma de graficar la trata es no enfocarse en las víctimas, sino en los tratantes. A veces los tienen detenidos, incluso hay fotos suyas que podrían usarse. O mejor aún, fotos de los operativos, de las incautaciones de registros de los tratantes donde figuran cifras o nombres, o incautaciones de las fotos del local, entre otras. Los tratantes son los culpables, no las víctimas. Ellas no deberían estar en ese titular y mucho menos en las fotos. A veces olvidamos ese lado de la historia.
 ¿Por qué se permiten estas prácticas en los medios de comunicación?
Los temas de explotación sexual o violencia sexual parecen tan comunes, o están tan normalizados, que algunos editores o periodistas necesitan del morbo que genera una figura femenina victimizada o vulnerada en sus derechos para que la historia pueda ser atractiva.
También existe una deformación profesional. Hay una visión pre existente de esta mujer débil que es víctima o es, también, una idealización de víctima. Eso se uno a los estereotipos o prejuicios que carga toda persona. En este caso, al convertirse uno en periodista, no se libera de este bagaje.
Cuando se escribe una nota sobre víctimas de trata de personas, la deformación profesional y los estereotipos de expresan de forma natural. No se reflexiona sobre las consecuencias que la nota puede tener sobre las víctimas o qué efecto existirá en los lectores. No existe ese procesamiento, es muy mecánico. Todo lo que tiene que ver con violencia sexual está enfocado de esta manera, no es exclusivo de la trata de personas.
 ¿Cómo estas malas prácticas afectan los derechos de las víctimas?
Afectan tremendamente. Se vulnera su derecho a la privacidad, al resguardo de su imagen. No existe esa protección que deben tener, sobre todo, las victimas de trata de personas. Ellas, a diferencias de cualquier otro delito, están sometidas a posibles amenazas, a la vulneración de sus derechos de acceso a  la justicia.
Es un camino largo y el Estado aún no ha brindado los mecanismos necesarios para protegerlas. Y ellas salen expuestas en situaciones que ni siquiera han pedido, que ni siquiera se les ha consultado. Se les expone, pues el tratante podría identificar a sus familiares. O, a veces, la víctima buscaba mantener su caso en secreto; sin embargo, los medios le revelan esta información a la familia o a su comunidad.
 ¿Cómo los medios de comunicación influyen en la percepción que tiene el público sobre las víctimas de trata de personas?
Influye muchísimo y esto se refleja en los comentarios de las noticias que se publican en redes sociales. Cuando se postean notas con fotos de este tipo, hay muchos comentarios que reiteran la idea de que las chicas están ahí porque quieren, porque les gusta, porque buscan dinero fácil, y así se normaliza esta forma de explotación.
Esto no solo sucede con las fotografías, muchas veces con los titulares o el desarrollo de la noticia: “Rescatan a quince chicas que se prostituían en bar de Mazuko”. Se utiliza el término “prostituían” como si se tratase de un tema de voluntad, se pasa por alto que existe un proceso de captación, traslado y retención de la víctima.
¿Y cuáles deberían ser los términos correctos?
Por ejemplo, se puede decir que eran víctimas de explotación o que fueron captadas para ser sexualmente explotadas en un bar. Al no utilizar correctamente los términos, haces que la gente crea que es una acción voluntaria y no de explotación sexual. Es como decir “si ellas quieren hacerlo, entonces no hay por qué meterse”.
Al hacer eso, el periodista desvirtúa el delito y asienta en la sociedad la idea de que no es tan grave como pensamos. Así se reduce el peso del delito y se recrea el concepto social. Se vuelve atenuante y más permisivo, se desalienta la denuncia y, en caso que lo hagan, estas no son tomadas en serio.
 ¿Cuál debería ser el rol de los medios de comunicación en la sociedad frente a la trata de personas?
Como medios de comunicación no debemos olvidar que somos, exactamente eso, un medio entre la información, el hecho comprobado y la gente.
Nosotros cogemos el hecho, lo procesamos, lo confirmamos, encontramos evidencia, investigamos y una vez que este paquete está listo, recién lo devolvemos al otro lado, donde está la sociedad.
Entonces ¿qué pasa cuando no tenemos el filtro adecuado? No cumplimos el rol como medio de comunicación.
El rol principal de todo medio de comunicación debería ser informar de la forma más verídica y completa posible porque también, y a veces lo olvidamos, debemos cumplir un rol educativo, sobre todo en temas sociales o de protección de derechos humanos. Y debemos mover estos temas en nuestros medios, más allá de lo que pueda o no hacer el Estado.
 ¿Y cómo volver educativa una noticia sobre trata de personas?
Cuando nosotros informamos sobre una denuncia o sobre el rescate de una víctima de trata de personas, debemos decir primero qué es una víctima de trata de personas, por qué es víctima y qué ocurrió.
También es importante recalcar que, si a alguien le pasara, existen formas de denunciarlo. Es un tema de prevención.
Una historia puede ser recogida por miles, y ahora con las redes sociales y el internet, esas historias permanecen en el tiempo y pueden ser leídas por más personas, por eso no debemos olvidarnos del rol educativo y preventivo que debemos tener los medios de comunicación.
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Editorial N° 223: CUANDO EL RATING ES MÁS IMPORTANTE QUE LAS PERSONAS

«En definitiva, ¿dónde empiezan los derechos humanos universales? En pequeños lugares, cerca de casa; en lugares tan próximos y tan pequeños que no aparecen en ningún mapa. […] Si esos derechos no significan nada en estos lugares, tampoco significan nada en ninguna otra parte. Sin una acción ciudadana coordinada para defenderlos en nuestro entorno, nuestra voluntad de progreso en el resto del mundo será en vano». Estas fueron las palabras de Eleonor Roosevelt, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas entre 1946 y 1952.
El 10 de diciembre se conmemoró un año más el Día Internacional de los Derechos Humanos, sin embargo es difícil evocar el propósito de esa fecha si día a día vemos cómo se atropellan los mismos.
Basta abrir un diario o entrar al portal de alguna central de medios de comunicación para corroborar cómo se atenta contra los derechos de muchas personas una y otra vez.
Y, en este caso en particular, no estamos hablando únicamente  del atropello sistemático a los derechos humanos de cientos de víctimas que son mercantilizadas, es decir, dejan de tener valor humano y pasan a tener valor comercial en el mercado de la trata de personas. Sino que, además de atravesar por esta situación de explotación y violencia tan traumática, las víctimas se enfrentan a una injusta e indebida exposición mediática.
Reconociendo la importancia del papel que cumplen los medios de comunicación, sin embargo, a lo largo del tiempo hemos podido detectar recurrentes malas prácticas, a pesar de la supuesta responsabilidad y ética que deberían asumir los medios por proteger a la ciudadanía. Nombres completos, fotografías con la cara descubierta, identificación  de los familiares, direcciones, uso de lenguaje inapropiado “prostitución infantil” por ejemplo y demás acciones nos demuestran que, aún hoy, muchos  medios no están a la altura de su rol, ni en la capacidad de promover y defender los derechos de las víctimas de la trata de personas, sino que, por el contrario, contribuyen y refuerzan  procesos de revictimización a cambio de amarillismos y raiting que, lo único que generan es acrecentar el  riesgo hacia  ellas y  su entorno. Es importante resaltar, también, que existe la equivocada  costumbre en los medios de exponer mediáticamente a la víctima y no al victimario, a pesar de ser ellos quienes cometen el crimen. Muchas veces vemos las fotografías o nombres de las víctimas, pero jamás alguna huella que  permita reconocer al victimario,  quien debería ser sancionado  por la ley y rechazado por la sociedad.
Entonces, relamente, ¿dónde empiezan los derechos humanos universales? como se preguntaba Eleonor Roosevelt, en los pequeños lugares, cerca de casa, en el quiosco de la esquina que vende los periódicos; en la sala de redacción del medio, en la indagación del hecho y en el seguimiento del caso, en la entrevista a una víctima, en respetar esos lugares tan próximos y pequeños que no aparecen en ningún mapa y que no deberían salir en ningún medio. Si esos derechos no significan nada en estos lugares, tampoco significarán nada en otra parte.
Sin una acción ciudadana coordinada, sin una responsabilidad asumida, sin un rol defensor de aquellas víctimas que merecen ser protegidas, nuestra voluntad de progreso en el resto del mundo, serán en vano.
“Le damos a la gente lo que quiere” es, tan solo, una frase facilista de los medios que nos permite vivir en un conformismo que, finalmente, afecta a quienes ya están intentando salir de una situación nefasta.
Nos toca hacer un cambio. Luchar, de verdad, por sus derechos como humanos, un privilegio que, quizá, las mismas víctimas ya olvidaron y que nos corresponde contribuir a devolverles.
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Entrevisa a Jhinna Pinchi

Hace algunos años (2014), para la publicación “Testimonios de las Sobrevivientes de Trata de Personas”, publicado por CHS Alternativo y la Global Alliance Against Traffic in Women (GAATW) contestaste algunas preguntas sobre el trabajo del Estado sobre tu caso. En ese momento, ¿cómo sentiste el trato  de  los funcionarios del Estado después de haber pasado por una situación de trata de personas en esos años?
A veces hay funcionarios u otras personas en cargos altos en sus trabajos que tienen a mostrar un lado discriminador. A veces una se siente juzgada porque dicen “ah, mira, esa persona ha estado en un prostíbulo o en un night club” o “esa persona ha estado en la calle por explotación sexual, pero dudo mucho que cambie porque seguro le gusta la vida fácil”. Aunque quienes discriminan o humillan, no son solo funcionarios del Estado, también personas extrañas que se enteran de mi pasado y en otros momentos hasta miembros de mi familia.
A veces creo que esa reacción   se produce por falta de criterio o porque a nadie se le ocurre que a alguien de su familia le puede ocurrir una cosa como esa.
 ¿Te quedan insatisfacciones de este proceso?
No estuve conforme con el trato que recibí de parte de muchas entidades, tanto del Ministerio Público, como del Poder Judicial,  de las Casas Hogares, etc. No me fue fácil acceder a los servicios que el Estado debía darme, Era desesperante saber que si necesitaba contar con la asesoría de alguna asistenta social, no era posible porque se suponía que ella estaba trabajando en alguna otra localidad, a pesar de saber que había más asistentas sociales disponibles.
Las coordinaciones entre las entidades eran malas y esto causó que yo sea mal atendida, por ejemplo, en temas de salud en momentos de emergencia. El Ministerio Público me ofreció ser parte de un programa de protección, sin embargo se me pidió que entregue todos mis medios de comunicación, que no haga conexiones, que no llame por teléfono. Si mi familia quería visitarme, tenía que ser en una oficina, no podían ir a la casa hogar. El Poder Judicial me asignó a un abogado de oficio con el que solo me comunicaba telefónicamente. Y mi caso se dilataba cada vez más.
 A partir de tu situación actual (2017), en balance, ¿cuál es tu percepción sobre la labor del Estado al trabajar en tu caso?
Bueno, mi caso aún no acaba, sigue en proceso. Pero a veces las instituciones manejan tantos casos que uno se desespera. Aunque se ha avanzado lo que se ha podido. Veo que en la actualidad las cosas han cambiado, han mejorado. Gracias a todo lo que se ha trabajado durante esos años, veo que se ha duplicado o hasta triplicado la mejoría.
 ¿Crees que el trato que se le está dando a tu caso, es positivo o negativo?
Creo que  50% positivo y 50% negativo.
¿Cómo te sientes hoy en día y cuánto de lo que has avanzado se debe al trabajo de, ya sea, el Estado, otras instituciones y/o a tu propio esfuerzo?
Bueno, independientemente de las instituciones, de lo que hayan hecho o no, los términos lo he dado yo. Y yo no me he quedado sin terminar las cosas, he continuado al mismo ritmo cómo debería haber avanzado con apoyo.
Ha sido un proceso a largo plazo, pero no me he quedado con los brazos cruzados, he podido avanzar realizando mis actividades, como cualquier persona que quieres salir adelante. Tenemos que hacernos multifacéticas y buscar realizar diversas actividades como polladas, anticuchadas, comidas. Así he logrado desarrollar mi herramienta de trabajo.
Muchas entidades prometen y no cumplen, pero no podemos estar esperando con los brazos cruzados. También nos toca avanzar. Gracias a Dios pude estar cerca de un círculo de gente que he ido conociendo y me han ayudado a lograrlo.
 Cómo madre, ¿qué consejo podrías brindarle a otros padres y madres de familia para proteger a sus hijos?
Creo que deben estar más informados. Ahora que estoy más conectada a centros educativos, creo que aún falta reforzar ese campo de la información, hay mucho que los padres desconocen.
A veces en nuestras regiones hay cosas sobre las que tenemos que estar preparados y reforzar estos conocimientos en diversas entidades, lugares, caseríos, y demás lugares aparte de Lima, porque la captación suele darse en  esos lugares.
En temas de trata, la mayoría de niñas o mujeres son de caseríos o lugares lejanos.
 ¿quisieras compartir algún mensaje con otras mujeres que han pasado o están pasando por una situación similar a la que viviste tú?
El mensaje sería que se siga luchado contra todo esto. La trata de personas incluye el tema de violencia: hay explotación, hay maltrato. Es bien complejo y creo que a pesar de los obstáculos, hay que seguir.
Ellas tienen que sentir que todo esto es como un nuevo nacimiento, una nueva etapa en sus vidas y van a salir de todo eso, pero tienen que poner de su parte, tener paciencia -aunque a veces la paciencia se agote-. A veces perdemos la esperanza, pero todo esto va avanzando paso a paso. Hay resultado, acaba en algo positivo.
No se rindan. Tengan esperanza y tengan mucha fe, sí existe.
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Editorial N° 222: LA TRATA DE PERSONAS TIENE ROSTRO DE MUJER

Tenía solo 14 años, y fue captada con engaños para trabajar 13 horas diarias como dama de compañía en un bar, para beber alcohol con los clientes y con propuestas de tener relaciones sexuales con ellos. Su caso llegó a una sala penal, sin embargo, el juez absolvió a su tratante.
Desde aproximadamente la década del 70, el feminismo y los estudios de género han investigado y tratado de erradicar los estereotipos que, como se ha evidenciado, son la semilla de la violencia machista. Con frecuencia el foco de atención ha estado puesto en torno al de “mujer-objeto”; es decir, aquella imagen femenina que se asocia a un objeto en venta a partir de una relación entre la sexualidad insatisfecha del varón-público-cliente y la saturación de sexualidad de ese cuerpo femenino.
Sin embargo, el cliché de la mujer-objeto se ha tratado como una categoría simbólica, siendo utilizado y recreado en publicidad, contenidos audiovisuales, coberturas periodísticas y ficción ha generado (en la sociedad en general; en los hombres en particular) la idea de la mujer como un bien de consumo no pensante o de racionalidad disminuida y que tiene utilidad únicamente cuando se corresponde con los parámetros de belleza hegemónicos.
Esta mirada de la objetivación de las mujeres, si bien es real y grave, palidece y resulta viéndose hasta frívola si la contrastamos con la terrible realidad de la trata de personas. Este delito execrable, que lleva la cosificación del ser humano de lo simbólico a lo real, atenta contra el núcleo duro de los derechos humanos, pues vulnera la dignidad de las personas tratadas al sustraerlas de su entorno familiar, desarraigarlas y  utilizarlas como mercancías con fines de explotación sexual, trabajo forzoso o servidumbre doméstica, entre otros.
La trata de personas afecta mayoritariamente a mujeres, y en especial a las más pobres. El 90 % de las víctimas identificadas a través de denuncias policiales son mujeres, así como el 79.6 % de las que son consideradas víctimas por el Ministerio Público: la trata de personas en el Perú tiene rostro de mujer.
Es por ello que este 25 de noviembre, “Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer”, debe ser una buena ocasión pero no la única para reflexionar acerca de que en el Perú y Latinoamérica la lucha de las mujeres es por la supervivencia y el respeto a su dignidad. Que se respeten sus derechos fundamentales; que no las violenten sexualmente; que no se comercie con ellas como mercancía; que no las maten.
El largo camino que les toca recorrer para asegurar una vida digna es tan largo y doloroso como la sentencia de la Sala Permanente de la Corte Suprema de Justicia, presidida por el juez Javier Villa Stein, que absolvió a una tratante que hizo trabajar a una menor como “dama de compañía”. Sucedió en Madre de Dios, con el argumento de que “el hacer de dama de compañía, y entendida esta como una persona que simplemente bebe con los clientes sin tener que realizar ninguna otra actividad, no se presenta como una labor que vaya a agotar la fuerza de la trabajadora”. Respecto a la propuesta para que la menor tenga relaciones sexuales con los clientes a cambio de dinero, la sala indica que esa “no fue la intención primigenia por la cual fue a trabajar al bar, sino que en una oportunidad la procesada le sugirió que lo haga”. Es decir, en este caso el abuso sexual a una menor de edad fue tomado casi como un daño colateral en el cual la sala no debía detenerse.
¿Qué lleva a que jueces supremos consideren inofensivo que una adolescente trabaje como dama de compañía?; ¿Qué motiva a tantos hombres y mujeres a culpar a las víctimas de sus propios feminicidios y violaciones, o a normalizar las actitudes de los agresores? ¿Cuán nocivas pueden ser las masculinidades que consideran a las mujeres no como sus pares sino como mercancía? ¿Por qué tantos hombres creen que tienen derecho a ponerle precio al cuerpo de una mujer o de una niña?
Ante este oscuro panorama no debemos quedarnos en la indignación sino movilizarnos y tomar acciones concretas en ejercicio de nuestra ciudadanía. Sumemos nuestra presencia y nuestra voz a la marcha organizada por el Colectivo 25 de Noviembre para este sábado. La concentración comenzará a las 2 p.m., frente al Palacio de Justicia.
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Editorial N° 221: ¿QUÉ PASA CON LAS PERSONAS DESAPARECIDAS EN EL PERÚ?

La Policía Nacional del Perú tiene como responsabilidad velar por la seguridad de cada uno de las y los ciudadanos de nuestro país, pero ¿qué pasa cuando las malas prácticas invaden el sistema y demoran procesos que deberían ser más efectivos?
Este es el caso de las personas desaparecidas en el  Perú.
Según el Modelo de Cuadro Estadístico de denuncias recibidas y denuncias resueltas a nivel nacional de enero a agosto 2017 por la División de Búsqueda de Personas Desaparecidas, se registraron en este periodo 3,709 denuncias por desapariciones a diferencia de los 5,495 registrados en el mismo periodo durante el año 2016.
La relación que existe entre las denuncias por personas desaparecidas y trata de personas es directamente proporcional, al punto en que, la División de Personas Desaparecidas se ha adherido a la División de Trata de Personas. Muchas veces, las víctimas de trata de personas son buscadas a partir de denuncias por desaparición, pues son numerosos los casos en los que, a partir de falsas ofertas de trabajo y otros ofrecimientos tentadores, las víctimas de trata dejan su entorno seguro, sus pertenencias  y el lugar donde residen para buscar oportunidades que les permitan obtener algún ingreso económico o mejores condiciones de vida y salir adelante.
Al darse cuenta de esta situación, muchas familias acuden a la comisaría más cercana a sentar sus denuncias por desaparición y es ahí donde empiezan los problemas.
“Seguro se fue con su enamorado, señora”, “la desaparición recién cuenta cuando se cumplen las 48 horas de no saber nada de la persona”, “ese caso no le corresponde a esta zona, vaya a otra comisaría” y otras frases tan hirientes e insensibles como estas son las respuestas que reciben constantemente los familiares de las autoridades policiales, ante la preocupación por el paradero y la vida de sus hijos, hijas o parientes.
Frases infundadas en prejuicios, que denotan desidia para la acción de un departamento de policía que debería ser el primero en investigar para encontrar a las víctimas y a los victimarios y, así, aplicar la justicia como es debido.
No es correcto asumir que las adolescentes buscadas se han escapado con su enamorado y, a partir de eso, dejar pasar el caso. No es correcto, tampoco, explicar a los padres de familia, que ya están preocupados, que deben esperar para sentar una denuncia que, por ley, debería ser recibida y procesada inmediatamente pues es en ese tiempo perdido que los victimarios aprovechan para trasladar a las víctimas de un punto a otro.
Hay que recordar que en el año 2011 se publicó la Ley N° 29685, conocida como la “Ley Brunito”, que nace a partir de la lamentable muerte de un niño autista de 11 años, que fue arrollado por un tren de carga tras deambular varias horas por Santa Clara en Ate. Una acción oportuna e inmediata, como lo señala la Ley que explicaremos, hubiera evitado, posiblemente, esta desgracia.
La mencionada Ley obliga a la PNP a realizar inmediatamente el trámite ante una denuncia por desaparición de niños, niñas, adolescentes, personas adultas mayores y personas con discapacidad mental, física o sensorial en coordinación con diferentes entidades públicas y privadas; así como enviar  una nota de alerta con datos y fotografía de la persona desaparecida a la Direccion de Protección de Carreteras, la Direccion de Defensa Nacional y Control de Frontera, Serenazgo Municipal y Medios de Comunicación, entre otros, para que contribuyan con la labor de búsqueda. La ley señala además que “La Policía Nacional del Perú, bajo responsabilidad, dirige de manera inmediata las acciones de búsqueda y localización de las personas desaparecidas y coordina con dicha finalidad con las diferentes entidades públicas y privadas”.
El cumplimiento estricto de esta Ley, también contribuiría a evitar que menores de edad sean víctimas de explotación sexual, laboral u otras formas de trata de personas a manos de las redes de tratantes.
Existe también un portal web, Peruanos Desaparecidos (http://www.peruanosdesaparecidos.org), donde la PNP sube fotos y datos de las personas desaparecidas con el objetivo de difundir la búsqueda por más medios.
Lamentablemente, se puede apreciar aquí otro cúmulo de malas prácticas, ya que esta información no siempre se sube a tiempo. De subirse a tiempo, no siempre cuenta con la información correcta (a veces hay errores de edad, de sexo, del número del documento de identidad, etc.). Y, recurrentemente  también, la información que se mueve con más agilidad es la de Lima. Son pocos los casos de provincias que salen a la luz a partir de este medio.
Corresponde, entonces, que la PNP asuma con mayor responsabilidad y fortaleza su compromiso por velar por la real seguridad de los ciudadanos y las ciudadanas del Perú y que se les exija, en todas las regiones, el cumplimiento de sus competencias como es debido.
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Editorial N° 220: EXPLOTACIÓN SEXUAL INFANTIL EN LÍNEA

“Cae depravado que captaba menores por Facebook para explotarlas sexualmente”, “Cayó sujeto que captaba a niñas en internet para violarlas”, “Menor denuncia chantaje sexual de un joven que se hacía pasar por agente de modelos en internet”, “Contactaron a menor por Facebook, la violaron y publicaron el video”. Estos titulares son terribles, pero lamentablemente también son reales y se están normalizando.
Las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) se han convertido en una parte casi imprescindible de la vida de los niños, niñas y adolescentes (NNA), aportan a la generación y difusión de conocimiento, proporcionan infinitas opciones de entretenimiento,  y desempeñan un rol importante en el desarrollo educativo. Sin embargo, las TIC también exponen a los niños a nuevas formas de abuso,  modalidades delictivas y metodologías de captación relacionadas la explotación sexual infantil. Se ha evidenciado que los ofensores/as se aprovechan de estas herramientas para tener acceso a información personal y atraer a posibles víctimas, para fines de, entre otros, acoso sexual, chantaje sexual o producir materiales de abuso sexual, subirlos y diseminarlos en línea.
Se desconoce el número exacto de niños que son víctimas de la explotación sexual infantil en línea, sin embargo, se sabe que en 2016 Internet Watch Forum (IWF) reportó 57,335 URLs (direcciones de sitios en internet) con imágenes de abuso sexual a menores de edad a nivel mundial.
En nuestro país, la línea 1818 opción 1 del Ministerio del Interior registró, durante el año 2016, 18% de casos de denuncias que reportaron como medio de captación el internet. Asimismo, de acuerdo a la División de Investigación de Delitos de Alta Tecnología (DIVINDAT), a la semana se recibe entre 10 y 12 casos relacionados al acoso sexual en Internet y pornografía infantil que involucran, en su mayoría, victimas menores de edad.
Y ante este panorama, ¿qué está haciendo el Estado peruano para proteger a niños, niñas y adolescentes? Dos de los principales avances han sido 1) contar con una unidad especializada de la Policía Nacional del Perú para delitos de alta tecnología, como es la DIVINDAT, y el otro 2) contar con una Ley de Delitos Informáticos que ha contemplado delitos como el “grooming” (proceso de establecer una relación con un NNA mediante el uso de Internet u otras tecnologías digitales, para facilitar el contacto sexual en línea o fuera de línea con esa persona), agravantes para la pornografía infantil difundida a través de las TIC, entre otros. Sin embargo, existente muchas falencias normativas, operativas y comunicacionales que no se están enfrentando de manera adecuada.
Con cargo a extendernos en cada uno de esos puntos en editoriales posteriores, en esta queremos hacer énfasis en la necesidad de que el Perú suscriba y ratifique el Convenio de Cibercriminalidad de Budapest.
El citado instrumento, elaborado por el Consejo de Europa, es el primer tratado internacional sobre delitos cometidos a través de Internet y otras redes informáticas, que trata en particular el fraude informático, la pornografía infantil, los delitos de odio y violaciones de seguridad de red. De él forman parte 47 Estados Miembros del Consejo de Europa y progresivamente 24 países han sido invitados a adherirse, entre ellos Perú.
Es de vital importancia que el Perú se incorpore a este Convenio porque significa una herramienta de cooperación internacional, en especial para la policía. Dado que muchos de los delitos relacionados a la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes (ESNNA) en internet son transfronterizos (el perpetrador o el material de abuso infantil no se encuentra necesariamente en el Perú, sino en servidores fuera del país), para su persecución se requiere tener alianzas estratégicas entre países. Asimismo, nos permitirá el desarrollo de informática forense, pues permitirá al Perú aplicar a programas técnicos y de capacitación sobre Ciberdelincuencia y temas afines.
Desde hace casi 8 años la sociedad civil viene invocando a distintas instancias gubernamentales la pronta adhesión de nuestro país al Convenio de Budapest, y es recién en este mes que tenemos conocimiento que la Cancillería se encuentra pronta a presentar oficialmente el expediente respectivo al Congreso de la República  para que la adhesión sea aprobada.
Desde CHS Alternativo, instamos a nuestros congresistas a aprobar la adhesión de tan importante instrumento, que resulta una pieza fundamental en la lucha contra la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes en línea.
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Entrevista “Si no hay decisión política, los planes para la salud mental de víctimas de trata de personas son letra muerta”

Leonor Espinoza, Promoción de la Salud – DIRESA Loreto.
 ¿Cuál es la situación actual de la salud mental en el Perú?
El Estado hace sus mayores esfuerzos por mejorar el Sistema de Salud en general y, entre ellos, la salud mental. Se están implementando Centros de Salud Mental Comunitaria en apoyo al primer nivel de atención, sin embargo falta mucho por hacer en todos los niveles de atención al igual que en todos los escenarios como la familia, la escuela y la comunidad.
¿Cómo es que la salud mental de una víctima de trata de personas se ve afectada?
Considero que salud mental de la víctima se ve mucho más afectada que la salud física,  por nuestra experiencia en el trabajo con estas víctimas tenemos conocimiento que ellas se ven muy afectadas. Esto se ve reflejado en intentos de suicidio, depresión, estrés, vergüenza de no ser aceptadas en la sociedad o en sus hogares, en la escuela. Muchas veces las víctimas de trata suelen ser estigmatizadas, señaladas y es muy difícil que logren una reincersión completa a la sociedad.
 ¿Existe alguna estrategia de asistencia o servicios de protección que brinde el Estado a las víctimas de trata de personas?
Están los Centros de Atención Residencial (CAR), los Centros de Emergencia Mujer (CEM) y algunos centros liderados por Cáritas, que tienen convenios con el Estado para ser atendidos por el sistema Integrado de Salud (SIS), entre otros.
 Siendo miembros de la Comisión Multisectorial contra la trata de personas, el Ministerio de Salud debe cumplir con determinadas competencias respecto a este tema, ¿cuál es el avance logrado hasta ahora?
Existe el Protocolo Intersectorial, donde figuran las responsabilidades del MINSA y estos, a su vez, transfieren estas políticas y normativas a las demás regiones para su implementación. Nosotros como región implementamos la operativización en los ejes de Prevención, Atención  y Protección. En el eje preventivo, desarrollamos actividades de fortalecimiento de capacidades al personal de salud para que ellos puedan trabajar a través de diferentes escenarios, como la familia, la escuela y la comunidad. Consideramos que aún falta mucho por hacer, especialmente en el eje de Atención.
 Desde el MINSA, ¿existe algún plan de reintegración de las víctimas de trata de personas a la sociedad? ¿Cómo funciona? ¿Qué tipo de servicios brinda? ¿Cuál es el rol que cumple el MINSA?
El MINSA trabaja estos temas en articulación con los otros sectores. No conozco de algún trabajo que sea solo sectorial, más bien está el trabajo articulado a través de las mesas regionales de Trata de Personas.
 Existen casos de externamiento prematuro de menores de edad, víctimas de trata de personas, de Centros de Atención Residencial. Muchas veces estos casos no han sido debidamente evaluados, tanto a partir de la necesidad de la víctima como de su entorno familiar. ¿Cómo se van a afrontar este tipo de casos a futuro para volver a poner a la víctima como eje central de la lucha contra la trata de personas?
Es una necesidad urgente que pasa por la voluntad política, con políticas públicas  y normativas claras, con estrategias efectivas validadas y que hayan dado resultado, pero a la vez con presupuestos efectivos. En nuestro país tenemos muchos planes, normativas de todo tipo: nacionales, regionales y locales, pero si todo eso no va acompañado de decisión política y presupuesto, es letra muerta.
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Editorial N° 219: LA TAREA PENDIENTE DEL ESTADO EN LA SALUD MENTAL DE LAS VÍCTIMAS DE TRATA DE PERSONAS

Cada 10 de octubre se conmemoró el Día Mundial de la Salud Mental, fecha en que la OMS resalta la importancia de la misma y la necesidad de brindar servicios adecuados de atención en salud mental para todas y todos los ciudadanos, sin importar su condición.
Brindar asistencia psicológica es uno de los componentes del conjunto de servicios de salud mental incluidos en los sistemas nacionales de salud a los que se comprometieron gobiernos de todo el mundo, incluido el Perú,  en el Plan de Acción Integral sobre Salud Mental 2013 – 2020 de la OMS.
Desde nuestro accionar como institución hemos podido observar cómo se ve afectada la salud mental de personas que son víctimas de diversos tipos de agresiones, siendo la trata de personas una de ellas que, no solo anula y cosifica a sus víctimas, sino que constituye una clara violación de sus derechos y de las libertades fundamentales de cualquier ser humano.
Por este motivo consideramos urgente restituir la dignidad de las víctimas, de manera que puedan recuperarse y reintegrarse a la sociedad identificando planes de vida que les permitan desarrollarse libre y plenamente.
Y es que algo que parece tan sencillo, como la protección de los derechos humanos de las víctimas de trata de personas, presenta enormes dificultades en el plano real ya que, a pesar de los numerosos avances que se han producido en los últimos años en la lucha contra este fenómeno, observamos que aun carecemos de estrategias integrales y de servicios de protección y reinserción de víctimas adecuados.
En este sentido, se requiere que el Ministerio de Salud (MINSA), integrante de la Comisión Multisectorial contra la Trata de Personas, asuma las responsabilidades señaladas en la Ley 28950 -Ley contra la Trata de Personas y el Tráfico Ilícito de Migrantes- y su reglamento, orientadas a “…regular la organización y prestación de los servicios de salud, para el acceso a una atención integral de salud de la población en situación de vulnerabilidad asociada a la trata de personas y tráfico ilícito de migrantes, con especial énfasis en la reducción de la vulnerabilidad de mujeres, niñas, niños y adolescentes, promoviendo entornos seguros o de protección”.
También debe coordinar con las entidades públicas competentes sobre la atención integral de salud, incluida la atención psicológica a las víctimas del delito de Trata de Personas y Tráfico Ilícito de Migrantes y sus familiares dependientes. Para ello es indispensable que el MINSA apruebe un presupuesto específico para el abordaje de la trata de personas e implemente un registro de atenciones brindadas a las víctimas de Trata de Personas, así como de los familiares dependientes, en los establecimientos de salud.
Por otro lado, asumimos con preocupación algunas situaciones donde el Estado no asume su rol de garante, llegando a dificultar los procesos de recuperación de las víctimas, ya sea por acción, como podrían ser las situaciones de externamiento de niñas, niños y adolescentes de los centros de atención residencial sin la debida evaluación de necesidades, tanto de las víctimas como de su entorno familiar, o por omisión, siendo este el caso de la falta de enfoque de la víctima como eje central en la lucha contra la trata de personas.
Es necesario y urgente, por tanto,  contar con un Plan de Reintegración de las víctimas en las que el Estado asuma su responsabilidad con ellas. Un plan integral que establezca e implemente servicios especializados, con personal especializado, que incluya servicios de salud mental, que tenga en cuenta las expectativas y necesidades de cada víctima, que les permita desarrollarse con plenitud y libremente como seres humanos, restituyéndoles todos y cada uno de sus derechos vulnerados y alejándolas de la revictimización.  Esta sigue siendo una de las grandes tareas pendientes del Estado en la lucha contra la trata de personas.
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Editorial N° 218: HACIA FINALES DE 2018, MÁS DE LA MITAD DE LAS REGIONES CONTARÁ CON PLANES REGIONALES CONTRA LA TRATA DE PERSONAS

Diez años han pasado desde la aprobación de la Ley 28950, Ley contra la Trata de Personas y Tráfico Ilícito de Migrantes , la cual sirve como marco legal para la regulación de este delito en nuestro país, conocido como la “esclavitud moderna” que afecta aproximadamente a 200,500 personas en el Perú.
Un hito de suma importancia en este camino fue el año 2011 en el que se aprobó el primer Plan Nacional de Acción contra la Trata de Personas 2011 – 2016, promovido además por el entonces el Grupo de Trabajo Multisectorial Permanente contra Trata de Personas, hoy Comisión Multisectorial de naturaleza permanente contra la Trata de Personas y el Tráfico Ilícito de Migrantes.
A pesar del poco tiempo de reconocimiento formal como delito,  desde las instituciones del Estado,  organizaciones de la sociedad civil y cooperación internacional, se observan grandes avances. Sin embargo, a la vez se ve con preocupación la escaza ejecución presupuestal de las entidades públicas competentes, así como las dificultades de coordinación entre ellas, que impiden mayores logros en la estrategia de lucha contra este flagelo.
Con la finalidad de fortalecer las acciones de los sectores involucrados, la Comisión de Justicia y Derechos Humanos del Congreso de la República, en coordinación con la oficina de Cooperación Internacional de dicho poder del Estado, el Observa La Trata y CHS Alternativo, realizaron el Foro “Nuevo Plan Nacional de acciones contra la Trata de Personas”, en el marco del cual  el viceministro del Interior Ricardo Valdés, presentó el Plan Nacional de Acción contra la Trata de Personas (PNAT) 2017-202  e informó sobre los avances y retos desde su sector para implementar acciones concretas en la lucha contra este delito, precisando la importancia de los Planes Regionales contra la Trata de Personas y la necesidad de que estén alineados el PNAT vigente, documento que se centra en la víctima y en la mitigación de los factores de riesgo del delito. Dicha ponencia fue reforzada con los valiosos que aportes que desde el Ministerio Público planteó la Fiscal Superior Penal, especializada en delitos de trata de personas, con especial énfasis en la revictimización en la investigación y atención en casos de trata.
Desde CHS Alternativo consideramos que el esfuerzo en las acciones que realiza el Ministerio del Interior deben ser soportadas desde los otros sectores para reflejar la multisectorialidad que requiere un abordaje transversal e integral, en este sentido fue importante conocer que actualmente dicho Ministerio viene trabajando – en coordinación con los gobiernos regionales –  la creación de 10 planes regionales alineados al Plan Nacional contra la Trata de Personas 2017-2021, aprobado en junio pasado y que al final del 2018 más de la mitad del total de regiones del país deben contar con sus planes de acción.
Por otro lado, este evento contó con la presencia de los congresistas Alberto De Belaunde,  Indira Huilca, Juan Carlos Gonzales, Tania Pariona y Gino Costa, quienes desde su rol legislativo sumaron las percepciones de la población y la necesidad de aterrizar las acciones de prevención, persecución y protección a las características propias de cada comunidad “ya que es allí donde se encuentra un grupo importante de población en riesgo”, como señaló la congresista Pariona durante sus palabras de clausura.
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Editorial N° 217: PERCEPCIONES DE UNA FAMILIA SOBRE SU BÚSQUEDA DE JUSTICIA

Hace algunas semanas CHS Alternativo llamó la atención sobre la situación de la Familia Tupía, cuya menor hija fue encontrada muerta, luego de ser presuntamente víctima de trata de personas. La nota de prensa expresaba el interés de nuestra organización porque el proceso penal brinde a la familia una tutela judicial efectiva, especialmente por la proximidad de la decisión final: la sentencia judicial.
El caso de K.T.A. (17), sintetiza una doble afectación a las víctimas de trata de personas y sus familias. En primer lugar, como en muchos casos, K.T.A. fue engañada con una falsa oferta de trabajo (en Ayacucho, su región natal), y fue traslada al corredor minero de La Pampa (Madre de Dios) para ser explotada sexualmente. Los presuntos tratantes eran, también como en otras oportunidades, personas pertenecientes a su entorno más próximo: familiares directos o familia extensa (el tío y su conviviente, y su prima). El circuito de explotación y la vulneración de los derechos se habían configurado para la víctima.
Pero el caso de K.T.A. también expresa el largo tránsito de una familia para ubicar a su hija (que terminó al identificarse el cuerpo de la  adolescente), y lograr justicia. Plazos, pruebas, instancias, competencias, expedientes, procesos, imputados, son palabras que ahora el padre y hermanos de K.T.A. han tenido que incorporar a su vocabulario.
Los familiares pueden no saber de tipos penales, acusaciones fiscales o tipos de prueba, entre otros elementos centrales del proceso penal, pero si se percatan de las actitudes, disposiciones o conductas de los operadores. Por ejemplo, don Julio, padre de K.T.A., ha señalado: “ese doctor (un operador), me ayudaba bien, pero lo cambiaron por otro […] ese doctor hace perder tiempo”. Así empieza a formarse la percepción de don Julio y su familia sobre la justicia frente a la trata de personas. Don Julio también expresa los costos que significa buscar justicia y nos deja una frase lapidaria: “Yo, de todas maneras he luchado, caminado, hasta vendí todos mis animalitos, ganadito; todo lo posible hacía, ¿sino como hacía para andar? Entonces en un momento ya no tenía nada”. El esfuerzo, tiempo y recursos invertidos también se integran a esa atmósfera de incertidumbre y esperanza que acompaña a la familia, y se integran a sus percepciones sobre la justicia y su eficacia.
Pero el momento definitivo es sin duda la decisión del juez. Quien permite que puede determinar la percepción “Ahora, con la sentencia estoy, bueno, sí, contento; pero no todos han recibido condena; eso no me gusta, no es justo; [además] hasta el momento no sabemos cómo ha muerto”. Para las familias como los Tupia justicia es sinónimo de verdad, de certeza de lo ocurrido; y cuando los hechos son tan claros para ellos, esperan una sanción ejemplar. De ahí la importancia de un trabajo articulado entre los operadores de justicia y otros que puedan brindar contención psicológica para sobrellevar todo el proceso.
K.T.A. está en la memoria de su familia, quienes también han expresado su percepción sobre la realidad que involucra al parecer numerosas familias en Ayacucho y que devela la vigencia de la relación entre la desaparición de personas y la trata de personas. “Acá no hay confianza, porque acá es demasiado, hay muchos niños perdidos, acá en Ayacucho se pide justicia, pero no los encontramos”, señala don Julio y sentencia “cuiden a sus hijos porque si no van a sufrir igual que yo”.
Como lo señaláramos en la publicación Testimonios de las Sobrevivientes de Trata de Personas, CHS Alternativo tiene plena conciencia de la necesidad de incorporar la voz de las víctimas en el proceso de toma de decisiones vinculado a la lucha contra la trata de personas. En ese marco, las familias de las víctimas también pueden ayudar a evaluar las políticas, servicios y procedimientos relacionados a las víctimas. En ese sentido, se hace un llamado a la Comisión Multisectorial de Naturaleza Permanente contra la Trata de Personas y el Tráfico Ilícito de Migrantes para que el sistema de monitoreo y evaluación del Plan Nacional de Acción Contra la Trata de Personas incluya una dimensión participativa donde las víctimas y familiares puedan ser consultadas, con los adecuados protocolos para evitar la revictimización.
(1) CHS Alternativo, con autorización de la familia, ha podido conocer algunas de sus percepciones y vivencias de la familia Tupia que compartimos con responsabilidad, para conocimiento de la opinión pública.
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