Solo el 0.0025% del presupuesto del Estado fue para lucha contra la Trata de personas en el 2014

Los S/.2’963,328 (0.0025% del Presupuesto General de la República) han sido insuficientes para combatir la trata de personas.

El 24 noviembre en el Congreso de la República, se realizó la Mesa de Trabajo “Balance de la Política Nacional Contra la Trata de Personas”, delito que ha sido objeto de una serie de iniciativas legislativas decretadas a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos del Congreso de la República.

Como parte de esta sesión, Ricardo Valdés Cavassa, presidente de la ONG Capital Humano y Social Alternativo (CHS Alternativo), presentó el Informe Alternativo de la Sociedad Civil sobre la ejecución del Presupuesto de la República de 2014 asignado para la Lucha contra la Trata de Personas, en base a lo establecido en la Ley contra la Trata de Personas y el Tráfico Ilícito de Migrantes (Ley 28950), su Reglamento y el Plan Nacional de Acción contra la Trata de Personas 20011-2016 (PNAT), señalando las carencias y dificultades en el trabajo del Estado en la prevención, persecución y sanción, así como la protección y asistencia a las víctimas de este delito así como propuestas a los diversos sectores.


Es imperativo mencionar que la inseguridad ciudadana más corrupción y el crimen organizado son factores contribuyentes a la Trata de Personas. Se necesita clarificar que este es un tema transectorial y todos necesitamos estar involucrados,” dijo Ricardo Valdés, presidente de CHS Alternativo.  

Según el Informe Alternativo, los sectores que han reportado una asignación presupuestal específica para realizar las acciones correspondientes por la normativa son: Ministerio del Interior, Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, Ministerio de Educación, Ministerio de Relaciones Exteriores y el Ministerio de Turismo y Comercio Exterior.

Sectores como el Poder Judicial, Ministerio Público y los Gobiernos Regionales, con amplias funciones y responsabilidades en la lucha contra la trata de personas, no han reportado un presupuesto específico para la implementación de acciones según el Plan Nacional de Acción contra la Trata de Personas y el Reglamento de la Ley N°28950.


"La Unidad de Asistencia a Víctimas y Testigos de la Fiscalía de la Nación, este año no ha contado con recursos, ha solicitado para el 2015  un presupuesto de 622 mil soles, pero igual es reducida esta cifra, porque para efectuar un buen trabajo en la protección de las víctimas, se requiere un monto mucho mayor”, anotó Valdés.

La Mesa de Trabajo “Balance de la Política Nacional Contra la Trata de Personas” fue organizada por la Presidencia de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos del Congreso de la República, las congresistas María Soledad Pérez Tello, Karla Scheafer, Luisa María Cuculiza, Natalie Condori Jahuira y la ONG Capital Humano y Social Alternativo.

DATO:
El documento Informe Alternativo de la Sociedad Civil ha sido elaborado por CHS Alternativo con apoyo del Observatorio Latinoamericano de Trata y Tráfico de Personas (ObservaLAtrata), Red Andina de Migraciones (RAM) y la Red Kawsay.

MENSAJES PRINCIPALES DE PARTCIPANTES:

 “A la falta  de presupuesto se debe sumar la falta de decisión política. Se necesita visualizar la problemática de Trata de Personas que está afectando a miles de peruanos.”
- Juan Carlos Eguren, Congresista por el Partido Popular Cristiano, Presidente de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos

“No hay un número suficiente de casas de refugio para atender a las víctimas de trata. No se puede hacer nada sin presupuesto del Estado.”
-  Luisa María Cuculiza, Congresista por el Partido fuerza Popular

“La gran pelea que nos toca hacer es la búsqueda de mayor asignación de presupuesto en el Pleno del Congreso y frente a la Presidenta del Consejo de Ministros.”
- Marisol Pérez Tello, Congresista por el Partido Popular Cristiano

“La sociedad civil juega un papel clave en la educación y concientización de los trabajadores del Estado sobre la problemática de Trata de Personas. Ellos nos proveen de información valiosa para nuestro trabajo como representantes del población.”
- Natalie Condori, Congresista por el Partido Dignidad y Democracia

“Agradecimiento especial a las organizaciones de la sociedad civil por su compromiso a terminar con este delito que vulnera el mayor número de derechos humanos de nuestra constitución.”
- Karla Scheafer, Congresista por el Partido Fuerza Popular
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Secuestro con presunto fin para explotación sexual de menores

Hace más 4 meses que Alcides Geovanny Aguilar Solórzano (45), de nacionalidad ecuatoriana, secuestró a la menor peruana de iniciales A.I.M.M. (13) por el presunto delito de  trata de personas con fines de explotación sexual.

El calvario por el que pasa la familia de la niña, se inició el sábado 9 de agosto a las 10:00 am, cuando Aguilar Solórzano ingresó abruptamente a la vivienda de la menor en Zarumilla - Tumbes, donde ella se encontraba con su hermano. Aguilar amenazó a los dos niños con un arma de fuego y procedió a raptar a la víctima.

Desesperada, la madre de la menor colocó una denuncia por desaparición en la comisaría de Zarumilla el mismo día de los hechos.

Mientras esperaba acciones por parte de los oficiales de Tumbes, la madre de la víctima visitó el puesto de control en la frontera para obtener información del paradero de su menor hija. Afortunadamente, el sistema de video de vigilancia del distrito de Aguas Verdes capturó el momento en que el hombre trasladaba a la menor hacia Ecuador en una motocicleta.

El pase de la menor por la frontera Perú - Ecuador se realizó sin el mínimo control de frontera, debido a que Aguilar Solórzano ya registraba denuncias en su contra por violencia familiar e impedimentos de salida de su país.

La PNP no cumplió con comunicar y derivar la denuncia de manera inmediata al fiscal penal de turno de la jurisdicción, como se establece en la ley, esto se hizo después de 15 días ante la queja realizada por la madre de la menor, en la Defensoría del Pueblo.

De acuerdo a testimonios recogidos, se ha visto a Aguilar Solórzano rondando en la provincia El Oro en Ecuador. Asimismo, los ex vecinos del acusado afirman que Aguilar se dedica a secuestrar a mujeres y niñas para explotarlas en el Ecuador.  Hasta el momento, no se ha obtenido respuesta por parte de la fiscalía de Huaquillas en este país.

La madre de la víctima exige que las autoridades tanto en Perú como en Ecuador no dejen pasar más tiempo e inicien inmediatamente una búsqueda rigurosa de su hija, antes de que una nueva víctima sea captada por el denunciado.

Sobre CHS Alternativo:

Somos una ONG fundada en el año 2001 especializada en la temática de la Trata de Personas.


Más información:
Área de comunicaciones de CHS Alternativo

Teléfonos (511) 446 5834 - #999957952


Calle Piura 750 – Miraflores
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Editorial N° 151: INSTITUCIONALIZACIÓN SIN RECURSOS

Avances en la constitución de organismos para combatir la lucha contra la trata de personas; sin embargo éstos no han recibido ninguna asignación presupuestal para iniciar sus funciones.
El último lunes 24, en la Mesa de Trabajo de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos del Congreso de la República, se presentó el Informe Alternativo de la Sociedad Civil sobre la situación de la Trata de Personas en el Perú. En él, si bien se reconoce el progreso alcanzado en la institucionalización de la lucha contra la trata de personas en nuestro país, también se advierte acerca de las carencias presupuestales y la poca voluntad política para priorizarla como un asunto central en la agenda pública. Solo el 0.0025% del Presupuesto General de la Republica ha sido utilizado para combatir un crimen tan complejo como éste, que mueve ilícitamente más de 32,000 millones de dólares anuales a nivel mundial.
De los 2 millones 936 mil nuevos soles que el Estado Peruano asignó a la implementación del Plan Nacional de Acción contra la Trata de Personas para el año 2014, casi la totalidad se destinó a financiar a diez sectores del Gobierno Central, dejando casi sin recursos para este tema a los 25 Gobiernos Regionales, 195 Gobiernos Provinciales y 1643 Gobiernos Distritales. La lógica tras este modelo de repartición de los fondos públicos que se destinan a la lucha contra la trata de personas y la atención a las víctimas expresa varias problemáticas asociadas.
La primera y más evidente es el sustrato centralista que caracteriza a la ejecución de las partidas del Plan Nacional. El Gobierno Central no reconoce que son las autoridades regionales y locales las que enfrentan día a día la problemática del delito, deben llevar a cabo las acciones de prevención y sensibilización de la población, y están involucradas directamente en los procesos de atención y protección necesarios a las víctimas rescatadas. Para todo ello se necesitan espacios de atención adecuados, personal capacitado, compromiso social, voluntad política, y, principalmente, presupuesto.
Es así pues que seguimos encontrando que una vez que las víctimas son rescatadas de los lugares de explotación, ni el Ministerio Publico a través de la Unidad de Atención a Víctimas y Testigos, ni el Ministerio de la Mujer, ni la Policía Nacional, cuentan con los recursos para albergarlas, proveerles una alimentación adecuada, satisfacer sus necesidades primarias, cubrir los gastos de traslado a sus lugares de origen, y facilitar el difícil proceso de reintegración social. Esto principalmente se da con las victimas mayores de edad, para quien los servicios del Estado no ofrecen una alternativa sostenible de salida del ciclo de explotación.
Pero la otra es que a pesar de que los casi 3 millones de nuevos soles han sido repartidos en Lima, entre diez ministerios, incluyendo el Ministerio Publico y el Poder Judicial, ni siquiera aquí existen aún las garantías para proveer una adecuada atención y protección a las víctimas.
La elevación de categoría de división a Dirección de Investigación del Delito de Trata de Personas, y la conversión de dos fiscalías a Fiscalías Especializadas en el Delito de Trata de Personas son pasos fundamentales, sin embargo, más allá del nuevo título, no han recibido los recursos necesarios para poder implementar sus funciones de manera eficiente.
En el caso de una de las Fiscalías Especializadas encontramos que enfrenta una serie de graves problemas presupuestales. Las mismas fiscalías especializadas diseñaron  su estructura, definieron sus necesidades y cómo debería estar conformado el personal, y en base a ello calcularon su presupuesto. Este presupuesto se envío al Ministerio de Economía y Finanzas y a la PCM, sin que hayan obtenido ninguna respuesta. Desde entonces, han estado trabajando con solo dos fiscales a tiempo completo para cubrir todo el distrito fiscal de Lima, y recién en los últimos días han recibido el apoyo de cuatro fiscales más. Aun así, no cuentan con el equipo multidisciplinario que necesitan (psicólogos y asistentes sociales, etc.), ni con equipos (computadoras), ni dinero para la movilidad.
Este mes, por ejemplo, han recibido sesenta casos de víctimas de trata, algunas de las cuáles son mayores de edad. Debido a que no existen albergues especializados para adultos, la Fiscalía optó por enviarlas a un albergue para víctimas de violencia familiar, y algunas debieron ser alojadas en hoteles porque no se encontró espacio disponible para ellas. Cuando debieron negociar con ellas que se acojan a las medidas de protección del Programa para víctimas y testigos, la Fiscalía tampoco contó con las herramientas ni los recursos necesarios para convencerlas de que recibirán una atención y una protección adecuadas. Consecuentemente, muchas de las víctimas alegaron que preferían mantenerse en la situación de explotación y riesgo, a cambio de seguir ganando algo de dinero.
La insuficiencia de los recursos y la desidia por parte de instituciones como el MEF o la PCM en este caso ha sido, pues, evidente.
Si este es el panorama en Lima, que concentra la mayor parte de los recursos, no es difícil imaginar la precariedad presupuestal por la que deben estar pasando los operadores de justicia y los trabajadores de los centros de atención residencial en provincias.
Este patrón de repartición de los recursos se asemeja a la distribución en nuestra sociedad; los grupos más pequeños en número son los más poderos y manejan la mayor parte de los recursos, dejando a los grupos más populares en una situación vulnerable con menos posibilidad para su gestión.
Mientras el Estado Peruano y sus funcionarios no reconozcan la magnitud de los problemas ocasionados por la trata de personas y no lo comprenda como un delito pluriofensivo que afecta la libertad, la dignidad y la vida de los ciudadanos y ciudadanas, vulnerando principalmente los derechos de los niños, niñas y mujeres; constituyéndose como un problema nacional tanto de seguridad ciudadana como de salud pública, y, sobre todo, si no asigna mayores partidas presupuestales y mejora la repartición de las mismas para luchar contra este ilícito y atender a las víctimas, la trata seguirá expandiéndose sistemáticamente, venciendo a las débiles resistencias que le opone el Estado, y fortaleciendo la cultura de impunidad entre los tratantes en complicidad con la apatía e indiferencia de las autoridades.
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Arequipa: En el Sur se denunciaron 541 casos de trata de personas


Hasta diciembre del año pasado, las regiones del sur registraron 541 denuncias de trata de personas. Madre de Dios es la localidad donde se identificó el mayor número de casos (173), siguen en la lista Cusco, Puno y el resto de regiones (ver infografía).

Para el presidente de la ONG Capital Humano y Social Alternativo (CHS Alternativo), Ricardo Valdez, estas cifras son referenciales. Sostiene que existe una "cifra negra" de casos que supera al número de denuncias por este ilícito. 

Valdez afirma que existen avances en la lucha contra la trata, pero resulta insuficiente mientras problemas como la informalidad y la ausencia de voluntad política persistan. 

"Por ejemplo, la minería informal sigue latente en regiones como Madre de Dios y Puno. Es en esos lugares donde van a parar la mayor cantidad de víctimas de trata. Por ello es necesario que el gobierno combata la informalidad y a la vez asigne más presupuesto para luchar frontalmente contra este ilícito", dijo. 

El especialista cuestionó que el gobierno designe bajos presupuestos para que las diferentes instituciones involucradas en la lucha contra la trata puedan combatirla. "La Fiscalía, para trabajar con las víctimas de la trata, hasta este año, no contaba con recursos y tenía que echar mano de otros fondos para prestar ayuda en la Unidad de Víctimas y Testigos. Para 2015 se estima un presupuesto de 622 mil soles, pero igual es reducida esta cifra, porque para efectuar un buen trabajo en la protección de las víctimas, se requiere 16 millones de soles", anotó.

MENORES EXPLOTADAS SEXUALMENTE
La investigación realizada por CHS Alternativo sobre la trata de personas, también revela que el 59% de víctimas son mujeres menores de edad, las cuales son explotadas sexualmente en centros mineros informales de diferentes regiones del país.

Valdez explica que la cifra restante es de casos de explotación de jóvenes o mujeres en trabajos forzados del sector informal, como es la minería informal o tala de árboles. 

"Se debe tomar en cuenta la voz de las víctimas y sobrevivientes. Existe una demanda reiterativa que exige justicia y envíen a prisión a las personas dedicadas a este delito". 

Agregó que en los últimos años se nota una evolución de la trata, ya que se está combinando con otros ilícitos como el homicidio. Ello puede conllevar a que este delito se vuelva más agresivo. 

CAMBIOS EN LA LEY PENAL
El abogado de CHS Alternativo, Iván Landaveri, sostuvo que hasta agosto de este año se tenían muchos problemas para tipificar claramente las denuncias por trata de personas. Explicó que los fiscales en muchas ocasiones confundían la trata con el delito de proxenetismo (prostituir una persona).

Asimismo, se veían limitados cuando los procesados sostenían que la víctima tenía conocimiento de lo que iba a realizar y por ende no existía una explotación. Sin embargo, el cambio del artículo 153 del Código Penal, en setiembre pasado, señala que así la víctima haya consentido la trata, se procesa a quien la impulsó y también a quien la capta

Para Landaveri, los fiscales tienen más instrumentos para procesar estos casos e imponer sanciones penales. 

De otro lado, señaló que urge que las autoridades trabajen más en la protección de la víctima. Sostuvo que el informe de CHS revela que falta tratamiento a las víctimas para que puedan volver a ser parte de la sociedad. 

También se evidenció que muchas de las afectadas son utilizadas por las autoridades como un instrumento de prueba del ilícito, sin darle un trato humano y de que es una víctima.     

CLAVES
La fiscal de Prevención del DelitoCecilia Ampuero Riega, afirmó que en Arequipa los operativos para detectar casos de trata de personas, son constantes. Indicó que hay un control en los terminales terrestres de la ciudad, para evitar la salida de menores sin permiso de sus padres. 

También se realizan operativos en los prostíbulos de las periferias de la ciudad para ver si se explota a menores de edad. "El trabajo es constante, cuando se registran casos son derivados a las fiscalías penales para que realicen las investigaciones", comentó.

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Cerca de 1,800 denuncias de Trata de Personas se registraron a través del SISTRA* entre los años 2009 a 2013

PNP continúa ciclo de capacitaciones para el uso de protocolo dirigido a víctimas de trata de personas en Iquitos.

Iquitos - El miércoles 12 de noviembre en las instalaciones de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días de Iquitos se capacitaron a cerca de 80 efectivos policiales de esta región sobre el uso del Protocolo de Atención y Protección de Víctimas y Testigos del Delito de Trata de Personas por parte de la PNP con el objetivo de reforzar sus conocimientos y mejorar sus capacidades en la identificación de los perfiles de las víctimas de trata de personas así como fortalecer los cuidados adecuados que evitarán la revictimización.

En lo que va del año, el Ministerio del Interior ha capacitado a casi un centenar de efectivos policiales en Lima y Huánuco (Tingo María). CHS Alternativo  en coordinación con Save the Children contribuyen con esta labor de difusión del instrumento técnico de la policía en la región Loreto, como parte de su compromiso de fortalecer a los operadores de los servicios complementarios a la Red de atención de los Centros de Atención. Los efectivos policiales capacitados pertenecen a la División de Investigación de Trata de Personas, División de Familia y comisarías de Iquitos, 9 de Octubre, Punchana y Morona de Iquitos.



* Sistema Estratégico sobre Trata de Personas







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79.6% de víctimas de trata son mujeres

1,848 son menores de edad, según reporte del SISTRA.

Iquitos - La Asociación CHS Alternativo, con el apoyo de Save the Children y USAID, realizó ayer una capacitación dirigida a operadores de los Centros de Atención Residencial – CAR, donde se presentó la ruta de atención interna y externa de los CAR, reconocimiento de los perfiles de las víctimas de trata, la forma de evitar la revictimización, así como la validación de instrumentos con el fin de mejorar la atención de los menores víctimas de trata de personas en la región Loreto.

En el taller, realizado en la aldea Santa Lorena, participaron los representantes de los Centros de Atención Residenciales Padre Ángel Rodríguez, Casa Hogar Isidra Borda; Programa Yachay, Centro de Emergencia Mujer de Iquitos, Defensoría del Pueblo y los anfitriones Santa Lorena, por el rol que cumplen estas instituciones durante el proceso de atención integral de las víctimas de trata de personas.

Durante el desarrollo del taller se informó que Loreto ocupa el tercer lugar a nivel nacional con mayor número de denuncias sobre trata de personas, llegando a 163, después de Madre de Dios con 173 y Lima con 379.


Capacitación a operadores de los CAR

EL DATO:

Después que una víctima es rescatada de la trata de personas, podría ser trasladada a los Centros de Atención Residencial (CAR) con el fin de recibir atención especializada para la restitución de sus derechos y orientada a su reinserción social. 

* Sistema Estratégico sobre Trata de Personas
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Editorial N° 150: POCA INFORMACIÓN ES UNA VARIANTE DE LAS QUE SE APROVECHAN LOS EXPLOTADORES SEXUALES PARA CAPTAR MENORES

El pasado 14 de noviembre, se realizó en Iquitos el Encuentro Binacional entre Perú y Colombia, la finalidad fue lograr el compromiso de sectores del Estado, organizaciones Civiles y el sector privado involucrados en la prevención de la Explotación Sexual de Niñas, Niños y Adolescentes (ESNNA) en el ámbito del Turismo y de los viajes.
La evolución del turismo en nuestro país ha contribuido a la generación de divisas, 3.75% del PBI durante el año 2013, promoviendo mayores puestos de trabajo e impulsando el desarrollo de las poblaciones y comunidades. El otro lado del apogeo del turismo en el Perú, como sucede en varios países del mundo, es el desarrollo silencioso de la explotación sexual en el ámbito del turismo y los viajes, que pone en riesgo a niñas, niños y adolescentes por parte proxenetas y los llamados “clientes” (peruanos o extranjeros), vulnerando sin piedad los derechos de las niñas, niños y adolescentes sobre todo de aquellos con menos recursos.
¿Y qué se sabe sobre este tema? En octubre de este año, Capital Humano Social Alternativo (CHS Alternativo) realizó un sondeo de opinión en 25 ciudades principales del país, y supimos que sólo el 12.9% de la población considera que existe mucho conocimiento al respecto, evidenciando la falta difusión de información en la población general, pero sobre todo en la población más vulnerable.
Consideramos que el rol de liderazgo debe generarse desde los sectores involucrados del Estado como el Ministerio del Interior, Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, Ministerio Público, también desde los Gobiernos Regionales, Gobiernos Provinciales y Gobiernos Locales.
La población está interesada en aprender más sobre la prevención de este delito y conocer cuál es rol del Estado para controlarlo; de acuerdo al sondeo aplicado supimos que un 52% de los encuestados considera que la ESNNA es un problema frecuente para ellos. 
Nos preguntamos entonces si enfocarse solo en la sanción es la mejor manera de manejar este problema para el Estado, considerando que los procesos de justicia en el país son lentos, sin recursos y burocráticos; Eduardo Vega, Defensor del Pueblo nos dijo que La justicia en nuestro país lamentablemente todavía no está actuando con la fuerza, con la rigurosidad y con una mayor posibilidad de detener este flagelo; todavía hay muchos casos que quedan en la impunidad, todavía hay muchas demoras.  Creemos que el castigo es una postura coja, que debe sostenerse en un Estado generador del empoderamiento de la población informada y sensibilizada sobre el cuidado de sí misma sobre el tema.
El encuentro Binacional Perú - Colombia, que buscó el fortalecimiento de un entorno de protección de los derechos fundamentales de niñas, niños y adolescentes y la construcción de acciones articuladas que apunten a evitar la ESNNA en el ámbito del turismo y de los viajes; tuvo como uno de los puntos de agenda la presentación del Movimiento Vuela Libre ante los medios de comunicación, para dar a conocer a la población el compromiso de fortalecer las acciones de prevención contra la ESNNA en este ámbito. Son 14 instituciones del Estado, sociedad  civil y sector privado los que ya se han comprometido a participar activamente, y esperamos que más instituciones se unan con este fin.
Finalmente, consideramos  clave  las  palabras  del  Defensor  del Pueblo durante el cierre del evento, quien mencionó que como país Vamos a buscar seguir fortaleciendo nuestra tarea para exigir a las autoridades que cumplan con la prevención,  sanción y protección a la niñez víctima de explotación sexual y por otro lado también trataremos de seguir insistiendo en nuestras tareas de capacitación y coordinación
La responsabilidad recae en todos lo que tenemos de alguna manera incidencia en las vidas de las niñas, niños y adolescentes de nuestro país, es un trabajo conjunto y confiamos en propuestas como el Movimiento Vuela Libre para contribuir a erradicar la ESNNA en el ámbito del turismo y los viajes de nuestro país.
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