La Red Mirada Ciudadana y Capital Humano y Social Alternativo (CHS Alternativo) saluda la aprobación del Plan Nacional de Acción Contra la Trata de Personas 2011-2016, pero al mismo tiempo advierten sobre la falta de fondos públicos para su implementación a partir del próximo año. Es decir, se estaría presentando un programa que hasta el momento no tiene financiamiento propio ni posibilidades de tenerlo.
En el artículo 3 del Decreto Supremo 004-2011-IN se especifica que el Plan se financiará de acuerdo «al presupuesto institucional de los pliegos involucrados, sujeto a las Leyes Anuales de Presupuesto y sin demandar recursos adicionales al Tesoro Público». Precisamente el punto referido a recursos adicionales es lo preocupante del caso, pues sabido es que el presupuesto anual propuesto para cada ministerio –aprobado por el Ejecutivo en agosto de este año y en espera de confirmación por el Congreso de la República para diciembre– no especifica ningún fondo destinado a acciones contra el delito de trata de personas.
«Cabe hacerse las siguientes preguntas: ¿Con qué fondos el Ministerio Público pretende establecer mecanismos de protección de las víctimas de trata si no existe una partida que lo costee? ¿De dónde se piensa implementar albergues o refugios para aquellos que han escapado o decidido denunciar las redes de trata? Y en general, ¿qué recursos tienen el Ministerio de Educación o de Salud o de Trabajo –carteras ahora con obligaciones en el tema– para implementar las políticas de prevención y persecución de este delito?», explica Ricardo Valdés Cavassa, director de CHS Alternativo.
Dentro de los 95,535 millones de nuevos soles con que contaría el presupuesto público para el 2012, no existe información oficial que se refiera a cubrir las políticas de acción ante este tipo de crimen. Esto significa que, a partir de la entrada en vigencia del Plan Nacional Contra la Trata de Personas 2011-2016, cada ministerio involucrado deberá dejar de lado algunos proyectos propios para sufragar los alcances del programa.
«Al establecer el Decreto Supremo 004-2011-IN que el Plan Nacional 2011-2016 no contará con recursos adicionales, algunos ministerios podrían verse afectados en sus actividades programadas para cumplir sus objetivos de sector. En el peor de los casos, estaría promoviendo que se desfinancien las medidas que se podrían realizar no solo en los últimos dos meses de este año, sino también a lo largo de todo el 2012–explica Ricardo Valdés–. Si el Congreso de la República no autoriza un monto adicional en diciembre de este año, en la práctica el Plan Nacional recién estará funcionando en el 2013».
Cabe destacar que la planificación de esta nueva estrategia estatal –plausible pero incompleta– no solo preocupa a CHS Alternativo sino también a la Red Mirada Ciudadana, que comprende a diez regiones del país como Loreto, Madre de Dios, Arequipa, Cajamarca, Cusco, Junín, Lambayeque, Huánuco, Piura y Lima. Regiones que, por lo demás, son las que registran mayor cantidad de denuncias de trata de personas a nivel nacional.
Área de Comunicaciones
CHS Alternativo (Capital Humano y Social)
Calle Víctor Larco Herrera 277 - Miraflores
Teléfono: (511) 446 5834 / (511) 242 3625
Celular: (511) 972 524 187 / *133007 (rpm)
www.chsalternativo.org
En el artículo 3 del Decreto Supremo 004-2011-IN se especifica que el Plan se financiará de acuerdo «al presupuesto institucional de los pliegos involucrados, sujeto a las Leyes Anuales de Presupuesto y sin demandar recursos adicionales al Tesoro Público». Precisamente el punto referido a recursos adicionales es lo preocupante del caso, pues sabido es que el presupuesto anual propuesto para cada ministerio –aprobado por el Ejecutivo en agosto de este año y en espera de confirmación por el Congreso de la República para diciembre– no especifica ningún fondo destinado a acciones contra el delito de trata de personas.
«Cabe hacerse las siguientes preguntas: ¿Con qué fondos el Ministerio Público pretende establecer mecanismos de protección de las víctimas de trata si no existe una partida que lo costee? ¿De dónde se piensa implementar albergues o refugios para aquellos que han escapado o decidido denunciar las redes de trata? Y en general, ¿qué recursos tienen el Ministerio de Educación o de Salud o de Trabajo –carteras ahora con obligaciones en el tema– para implementar las políticas de prevención y persecución de este delito?», explica Ricardo Valdés Cavassa, director de CHS Alternativo.
Dentro de los 95,535 millones de nuevos soles con que contaría el presupuesto público para el 2012, no existe información oficial que se refiera a cubrir las políticas de acción ante este tipo de crimen. Esto significa que, a partir de la entrada en vigencia del Plan Nacional Contra la Trata de Personas 2011-2016, cada ministerio involucrado deberá dejar de lado algunos proyectos propios para sufragar los alcances del programa.
«Al establecer el Decreto Supremo 004-2011-IN que el Plan Nacional 2011-2016 no contará con recursos adicionales, algunos ministerios podrían verse afectados en sus actividades programadas para cumplir sus objetivos de sector. En el peor de los casos, estaría promoviendo que se desfinancien las medidas que se podrían realizar no solo en los últimos dos meses de este año, sino también a lo largo de todo el 2012–explica Ricardo Valdés–. Si el Congreso de la República no autoriza un monto adicional en diciembre de este año, en la práctica el Plan Nacional recién estará funcionando en el 2013».
Cabe destacar que la planificación de esta nueva estrategia estatal –plausible pero incompleta– no solo preocupa a CHS Alternativo sino también a la Red Mirada Ciudadana, que comprende a diez regiones del país como Loreto, Madre de Dios, Arequipa, Cajamarca, Cusco, Junín, Lambayeque, Huánuco, Piura y Lima. Regiones que, por lo demás, son las que registran mayor cantidad de denuncias de trata de personas a nivel nacional.
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