A fin de sensibilizar a los ciudadanos sobre el delito de trata, repetimos sin parar: « Por “trata de personas” se entenderá la captación, el transporte, el traslado, la acogida o la recepción de personas, recurriendo a la amenaza o al uso de la fuerza u otras formas de coacción, al rapto, al fraude, al engaño, al abuso de poder o de una situación de vulnerabilidad o a la concesión o recepción de pagos o beneficios para obtener el consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre otra, con fines de explotación. » (Art. 3 del Protocolo de Palermo, ratificado por el Perú en 2002).
Sin embargo, he constatado con pena que no se atan cabos entre la definición de la trata y la realidad diaria en la que ocurren casos de trata de personas ya sea con fines de explotación laboral o sexual. Esta definición se enfrenta a una sociedad bastante tolerante en lo que se refiere a la explotación infantil, sexual, laboral. Algunos prejuicios con mucho arraigo llevan a minimizar o aun a negar los daños tanto físicos como psíquicos que acarrea la trata de personas.
Esta definición no sólo implica organizaciones mafiosas de gran tamaño sino que también evoca, sobre todo, realidades cotidianas.
Es lamentable que la población tenga la impresión de que se trate de un problema lejano mientras que la explotación doméstica puede ocurrir en cualquier hogar, la explotación sexual de adolescentes en cualquier discoteca, desde la más pequeña e informal hasta la más famosa, cualquiera puede ser testigo de explotación laboral o sexual, infantil o de adultos. ¿Cómo uno puede seguir aceptando que los niños pasen sus días en las calles vendiendo golosinas, mendigando o haciendo malabarismos en lugar de ir a la escuela?Cada uno tiene una responsabilidad frente a un caso de trata que aniquila la dignidad humana y merma los derechos humanos. Pero mayormente la sociedad se queda muda – y en este sentido es cómplice.
Los vecinos que « apadrinan » a una niña del campo, están explotándola como esclava doméstica. Mientras que ellos lo presentan como un acto de generosidad extrema salvándola de la mísera, ofreciéndole un techo y una oportunidad de capacitación como empleada de casa, en realidad este “padrinazgo” reúne la explotación laboral, el traslado y el desarraigo de su lugar de origen y por fin la reclusión favorecida por la modalidad de cama adentro. Hoy en día desgraciadamente, es muy probable que ni los vecinos ni la propia víctima sepan que se trata del delito de trata de personas. ¿Porqué no se atan cabos?
Podremos destacar dos principales causas, las dos estrechamente vinculadas con percepciones culturales.
En primer lugar, partes amplias de la sociedad peruana - donde domina la autoridad masculina y el patriarcado - siguen estando tremendamente impregnadas de discriminaciones de género subyacentes. Las percepciones y los comportamientos están enraizados a través de estereotipos machistas sobre la mujer y su supuesto papel doméstico y/o sexual. Esos reflejos machistas influyen en la reacción frente a la trata en dos ámbitos.
Primero, dada esta concepción rebajada del rol de la mujer, no incomoda tanto la trata con fines de explotación doméstica: no parece tan anormal e inaceptable que sea explotada como trabajadora del hogar.
Segundo, en lo que se refiere a la explotación sexual, se confunde frecuentemente la prostitución – la prostituta siendo sumamente despreciada – y la trata con fines de explotación sexual. Este vilipendio ante la prostituta, acusada de corromper a los maridos fieles, genera una indiferencia cómplice y una aceptación espantosa ante la explotación de mujeres o aún adolescentes como objetos sexuales. El desprecio está tan enraizado en las mentalidades que las mujeres explotadas sexualmente, ya sean adultas o menores de edad, no suscitan de manera espontánea la empatía y la solidaridad que deberían, sino solamente vilipendio y censura como si de una cierta manera fueran en parte responsables de su condición de objetos sexuales. A menudo, las mismas víctimas no saben que son víctimas de trata y sólo se sienten embargadas por el miedo, la vergüenza, la ansiedad del escándalo y del qué dirán que sufrirían los familiares si se sabe.
En segundo lugar, ese patriarcado genera consecuencias dramáticas en lo que concierne la trata infantil, influyendo no sólo en las relaciones entre géneros sino también las de poder entre generaciones.
Primero, según esta tradición patriarcal, se considera que el niño pertenece a los padres. Esto justificaría que los niños trabajen para aportar en la economía familiar en lugar de estudiar ya que los hijos deben ayudar a la vida cotidiana y contribuir con las necesidades del hogar – especialmente en casos de extrema pobreza. Así se justifica la costumbre del trabajo infantil y no se percatan de que los estudios, bajo la hipótesis que sean de calidad aceptable, les ayudarían a encontrar alternativas de largo plazo dándoles acceso a empleos más capacitados y por lo tanto remunerados.
Segundo, el niño siendo considerado como la pertenencia de sus padres – lo que se podría definir por la cosificación del niño – no se ha difundido la cultura de la identidad propia del niño. No se considera al niño como un individuo independiente que goza de una identidad propia lo que se relaciona también con la falta de conciencia de que existan derechos de los niños.
En conclusión, ya que no se otorga identidad al menor de edad, no es parte de las costumbres brindar existencia jurídica a los niños: esos niños no existen jurídicamente. En efecto, en el 2005 el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (RENIEC) estimaba que 8 millones de menores de edad escolares no poseían documento de identidad, entre ellos la campaña estatal de documentación gratuita implementada en el 2008 logró documentar aproximadamente a 2 millones de ellos. Sin embargo, muchos padres siguen sin entender la importancia de otorgar DNI a sus hijos, lo que les coloca involuntariamente en una posición de extrema vulnerabilidad ya que pueden ser captados, trasladados, y finalmente explotados. El DNI es una herramienta crucial para identificar e impedir nuevos casos de trata. Por esta razón, el reglamento de la ley 28950 contra la trata estipula que un menor de edad no puede realizar tránsitos interprovinciales sin que las empresas de transporte controlen el DNI y la autorización parental. Lamentablemente, la implementación sigue estando incompleta.
¿Cuantas veces ya he escuchado casos de choferes de ómnibus que aceptan que sus pasajeros esconden a un niño, haciéndose de la vista gorda? Parece que una gran parte de la sociedad acepta pasivamente la trata de personas, tal vez sea porque no comprenden del todo el alcance del riesgo y el daño que provocan los casos de trata. Sin embargo, más allá del desconocimiento del tema, la sociedad ofrece, por su concepción del niño, de la mujer y de la prostituta, un terreno propicio a la trata de personas. La trata no ocurre solamente en la oscuridad y lugares aislados sino también en la misma capital, a la vista de todos, sin embargo, muchos siguen sintiéndose muy alejados de este tema o son completamente indiferentes. Por consiguiente, se perpetra la trata de persona bajo la protección de esta aceptación y este mutismo sociales que se basan sobre perjuicios y estereotipos culturales sólidos.
Ni siquiera estoy evocando al cliente. Obviamente, si se desarrolla la explotación laboral o sexual existe una demanda. Pero lo que es mucho más insidioso e influyente – la sociedad desempeñando un papel decisivo en el combate contra la trata – es que una gran parte de los ciudadanos peruanos cierran los ojos frente a la trata, siendo cómplices, a veces sin darse cuenta. Un apoyo mudo aceptando la deshumanización.
Escrito por:
Sarah Vozlinsky / CHS Alternativo
